La violencia obstétrica es una de las modalidades más invisibilizadas de violencia y atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su entorno familiar, subrayó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, al manifestar su adhesión a la “Semana mundial por un parto respetado”.

Este tipo de violencia se define esencialmente como aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, tal como lo define la ley nacional de protección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres sancionada en 2009.

Esta forma de violencia, que sucede en hospitales y clínicas tanto en el ámbito público como privado, se manifiesta principalmente en situaciones de post aborto – sea espontáneo o provocado- y en los procesos médicos involucrados en el embarazo y el parto, según lo expresa la ley de parto humanizado al establecer los derechos de las mujeres en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y posparto.

La falta de anestesia en determinadas prácticas, el ocultamiento de información a la paciente que le permita decidir sobre su cuerpo y su salud, la vulneración de su intimidad y la no consideración de las pautas culturales, son quejas concretas recibidas en la Defensoría, a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), que configuran violencia obstétrica.

En ese sentido, el OVG y la cartera de Salud bonaerense están abocados a ajustar un mecanismo de recepción y gestión de denuncias sobre esta problemática, que no respeta y violenta los procesos naturales del embarazo, parto y puerperio.

Asimismo, la Defensoría manifestó la necesidad de considerar las situaciones de violencia obstétrica e institucional que sufren las mujeres encarceladas en unidades penitenciarias de la Provincia.

“Las mujeres embarazadas y en situaciones de parto sufren una especial vulneración de sus derechos”, amplió el Observatorio y detalló que en esa situación son “obligadas a permanecer con grilletes o esposas en los pies” en los hospitales públicos.

El OVG concluyó que también configura violencia obstétrica el impedimento de las mujeres encarceladas de mantener contacto con sus hijos recién nacidos, mientras ellas son trasladas a las unidades penales y sus hijos recién nacidos permanecen en los hospitales.

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