Las autoridades desplazadas del Colegio de Técnicos Distrito V cuestionaron las recientes declaraciones del presidente del Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires, Pedro Di Cataldo, en el marco de la continuidad de la intervención tras las denuncias de decenas de beneficiarios del plan Procrear que fueron estafados por una cifra millonaria.

“El distrito V no sólo tomó cartas en el asunto, sino que con la recepción de las primeras denuncias y por la gravedad del tema se solicitó a las dependencias municipales correspondientes consideren la suspensión de la matrícula municipal ya que los tiempos que la normativa colegial nos impone ralentizan la toma de medidas al respecto”, expresó Diego Peláez, presidente de la entidad local intervenida.

El Técnico desplazado aseveró que “se actuó en el marco de la reglamentación vigente a través de la Comisión de Ética en los plazos mínimos que la misma permitía, formalizando una gran cantidad de expedientes, por otro lado se articuló interinstitucionalmente para aliviar lo más posible la situación por la atravesaban y siguen atravesando los denunciantes de Pablo Aquino, colaborando estrechamente con los actores que correspondían, se asesoró de manera individual a cada propietario afectado y de manera colectiva conteniendo y guiando en los pasos a seguir, no solamente en términos colegiales, sino además en términos municipales y jurídicos”.

También señaló que, como Colegio de Distrito, se pusieron a disposición para que actúe el juzgado pertinente en casos de delitos económicos.

Con respecto al caso Aquino, expresó que “el Consejo Superior no ha realizado NINGUNA acción para resolver este tema, sólo suspendió la matricula temporalmente hasta que se sustancie la sanción de acuerdo a los expedientes de ética que este distrito realizo en tiempo y forma sin los cuales no contarían en el Tribunal con los elementos necesarios; es decir que los únicos elementos para sancionar al matriculado en cuestión los aportó este distrito”.

Tras ratificar que detrás de la intervención existe una intencionalidad política, los Técnicos desplazados dejaron en claro que “no nos opusimos a una investigación como falsamente declara el presidente, nos opusimos a una forma autoritaria de instruir un sumario, sin notificación, ni explicación, ni derecho a defensa de nuestras autoridades”.

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