Diputados debatirán el miércoles la despenalización del aborto con un proyecto que finalmente fue consensuado entre cuatro comisiones del Congreso.
Se trata de un proyecto de ley más moderado que el presentado en un principio por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y tiene las siguientes claves:
La Constitución
De entrada, en el artículo 2, se establece que “esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación”.
En ejercicio de esos derechos, “toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley”.
No en cualquier momento
Una de las principales falacias que abundaron en las redes sociales es que “con esta ley cualquiera va a poder abortar en cualquier momento del embarazo”.
El proyecto prevé el aborto para las primeras catorce semanas de gestación.
Los únicos casos en los que podría abortarse en cualquier momento del embarazo son en casos de violación; si hay riesgo de vida o salud de la persona gestante; o si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
El consentimiento
Esta ley requiere que la mujer exprese por escrito su consentimiento a abortar y que ninguna persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho.
Menores
Para menores de 16 años la interrupción debe realizarse con su consentimiento informado en los mismos términos que los mayores pero conforme a “lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario”. Estos establecen las responsabilidades de la familia de la protección de los menores. De todas formas, el proyecto de ley pondera que “en particular, debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído”.
Con discapacidades
Las personas con capacidad restringida pueden abortar sin autorización, solo prestando el consentimiento, a menos que su incapacidad sea mediante una sentencia judicial que impida el ejercicio del derecho previsto en este proyecto. En ese caso el pedido debe ser del allegado de conformidad dispuesto por el Código Civil y Comercial.
En 5 días
Desde que la persona gestante manifiesta su deseo de interrumpir el embarazo, el sistema de salud tiene un máximo de 5 días corridos para llevarlo a cabo.
Atención e información
Una vez realizada la solicitud de la interrupción, el establecimiento de salud debe garantizar:
* información adecuada sobre el proceso;
* atención previa y posterior a la interrupción de carácter médica, social y psicológica, con el objetivo de garantizar un espacio de escucha y contención integral;
* acompañamiento en el cuidado de la salud de información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como también provisión de esos métodos.
Además, un/a profesional de la salud debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción el mismo día en que se realice la solicitud, así como también todos los alcances, consecuencias y riesgos.
“En ningún caso [la información] puede contener consideraciones personales o religiosas de los profesionales”, advierte.
Los establecimientos de salud
Las autoridades de cada establecimiento deben garantizar la realización del aborto voluntario.
Y el proyecto advierte: “No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada”.
Objeción de conciencia
Es uno de los artículos que más polémica genera. Es que todo profesional de la salud que no quiera intervenir en una interrupción voluntaria del embarazo debe manifestar su objeción previamente, de manera individual y por escrito, ante la máxima autoridad del establecimiento de salud en el que trabaje.
Su objeción queda invalidada en caso de que la persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable.
La objeción de conciencia e ideario institucional queda prohibido, según el proyecto de ley.
Las obras sociales
Todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médicos o asistenciales deben incorporar la interrupción voluntaria a la cobertura integral. Así como también todas las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Modificar el código penal
Se prevé modificar varios artículos así como también incluir otros.
* Reprimir a los que causaren un aborto sin consentimiento de la persona gestante, con penas de 3 a 15 años de prisión.
* Condenar de 3 meses a un año a los que provoquen un aborto con consentimiento pero desde la semana 15 de embarazo en adelante sin los casos particulares mencionados anteriormente.
* Reprimir con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena a un establecimiento o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar el aborto legal.
* Aclarar que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso.
* En ningún caso se castigará el aborto practicado cuando: el embarazo fuera producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida de la persona gestante; o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Educación sexual
El proyecto de ley prevé que se establezcan políticas activas para la prevención de embarazos no deseados.
Estadísticas
También se prevé crear un registro de estadísticas y monitoreo de los abortos “para generar información actualizada relativa a la implementación” de la ley.
